Abogados y Economistas

03·07·2018

Libertad de comercio y pisos turísticos

- Montse Martínez Bastida

Hace ya más de diez años que surgió el boom de los pisos turísticos: alojamientos particulares que se alquilan por cortos periodos de tiempo. Un fenómeno económico que se ha hecho posible gracias a la expansión universal de internet y las nuevas tecnologías. Y como ocurre con los nuevos fenómenos, con frecuencia la realidad va muy por delante de la regulación normativa y empiezan a surgir los conflictos de intereses; algo que se ve también en otros sectores emergentes, como el conflicto entre Uber y los profesionales del taxi.

En nuestro caso, la proliferación del alquiler turístico está teniendo efectos visibles en la ciudadanía. El más notable es el encarecimiento del alquiler a particulares en los centros de las ciudades, y el consiguiente desplazamiento de los vecinos hacia las periferias. Ello a su vez está provocando reacciones de protesta y de malestar: turismofobia o mobbing inmobiliario eran expresiones desconocidas hace unos pocos años, pero ahora están en boca de todos.

Los ayuntamientos (independientemente del signo político) han tratado de poner cierto orden dictando medidas contra los alquileres turísticos. Pero de nuevo ha surgido la polémica: las asociaciones de propietarios de pisos turísticos consideran que las restricciones a su actividad atentan contra la libertad de mercado y contra la libre competencia, por lo que han acudido a los tribunales. De momento estas asociaciones acumulan tres sentencias favorables en Barcelona y dos en Oviedo contra las regulaciones municipales, además, han recurrido judicialmente la ley de Baleares.

La situación es compleja pues hay derechos y libertades entrecruzados y que se están percibiendo mutuamente amenazados: por un lado el derecho a una vivienda y alquiler dignos, por otro lado la libertad de comercio de los propietarios de pisos y por último los empresarios turísticos tradicionales que consideran que son víctimas de una competencia desleal. Y mientras tanto, con legislaciones cambiantes, recursos judiciales y alegaciones, lo que existe es una inseguridad normativa que no beneficia a nadie.

Como siempre, la solución debe venir del equilibrio y de la aceptación: los ingresos del turismo interesan a todos, pero los efectos colaterales deben ser controlados, como el incremento excesivo de los alquileres, o la despersonalización de los centros de las ciudades. Y el problema se está replicando en muchas ciudades españolas. Es necesario abordar políticamente la cuestión para dar una solución de consenso global, que cristalice en una legislación que integre los derechos e intereses de todos. Evidentemente, todos los actores deben participar y poder negociar (lo que significa también ceder) para llegar a una solución, pues es evidente que el actual modelo (o mejor aún la falta de un modelo claro) no es sostenible a medio plazo.

 

Montse Martínez

Profesora de la Universitat Rovira i Virgili

Abogada Grupo Gispert Abogados y Economistas

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