Abogados y Economistas

01·02·2018

Multas multimillonarias y protección legal

- Montse Martínez Bastida

El día 18 de enero de 2011, la Comisión Europea inició una investigación sobre una serie de fabricantes de camiones, entre ellos, DAF, Daimler, Mercedes Benz, Iveco, Man y Volvo-Renault, al considerar que las citadas empresas habían llegado a un acuerdo para la realización de prácticas restrictivas de la competencia en el Espacio Económico Europeo, en concreto la fijación de precios favorables de venta al público de los camiones, en perjuicio de los usuarios y consumidores finales.

Posteriormente, la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea declaró a los citados fabricantes de camiones responsables de una infracción consistente en acuerdos  sobre la fijación de precios,  y les impuso una sanción por un importe conjunto de 2.926 millones de euros.

Además de la sanción, la Unión Europea  abrió la vía para que los afectados por la infracción puedan reclamar a los fabricantes de los camiones, los daños y perjuicios sufridos. Se consideran afectados a los propietarios que adquirieron camiones de medio y gran tonelaje  entre enero de 1997 y enero de 2011. Se calcula que, solamente en España, los afectados por dichas prácticas anticompetitivas ascienden a unos 200.000 vehículos adquiridos por unos 150.000 transportistas; corresponderá a los tribunales españoles decidir sobre estas reclamaciones.

Los perjudicados podrán reclamar el sobreprecio pagado por la adquisición del vehículo, que se estima que puede oscilar entre un 10% y un 20% del precio del camión. Se puede reclamar incluso si los camiones han sido dados de baja o transferidos a un tercero. Lo único necesario es que el vehículo hubiera sido adquirido en su día por el reclamante, sea cual sea la situación actual del camión.

Teniendo en cuenta que los tribunales nacionales no pueden adoptar resoluciones incompatibles con las decisiones de la Comisión Europea, los juzgados españoles  se enfrentan a una nueva avalancha de demandas, como sucedió en su día con las reclamaciones en el sector financiero por  las cláusulas suelo o por las participaciones preferentes.

Las consecuencias de la resolución europea son de una repercusión enorme por distintos motivos: en primer lugar por la cuantía de la multa, 2.926 millones de euros, que supone, la más alta que ha impuesto la Unión Europea en materia de cárteles. En segundo lugar porque las empresas fabricantes están teniendo que asumir importantes responsabilidades económicas (entre el 10 y el 20% del precio) por bienes vendidos incluso 20 años atrás. Es todo un aviso a navegantes sobre la determinación europea en materia de protección de los derechos individuales frente a prácticas abusivas de determinados agentes económicos.

Montse Martínez:
Profesora de la Universitat Rovira i Virgili
Abogada Grupo Gispert

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