Advocats i Economistes

10·11·2015

La reforma de la Ley General Tributaria

Grupo Gispert - Consuelo Delgado Fdez. de Heredia

El pasado 12 de octubre de 2015, tuvo lugar la entrada en vigor la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre con un objetivo claro, la prevención y lucha contra el fraude.

De entre los fines que persigue este nuevo texto legislativo, destacan, tal y como se establece en su preámbulo, la potenciación de la lucha contra el fraude, el refuerzo de la seguridad jurídica, la intención de reducir la conflictividad contribuyente-administración así como un incremento y mejora de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos.
Para ello, esta nueva norma ha introducido varias medidas, algunas de ellas aprobadas con su correspondiente polémica, como es el caso de la publicación de los listados de deudores en aquellos casos en que se trate de contribuyentes con deudas de carácter tributario y sanciones por importe superior a 1.000.000 de euros, impagadas en plazo voluntario, que no se encuentren aplazadas o suspendidas. Con esta medida se pretende la concienciación de la sociedad en la lucha contra el fraude al darle acceso a los nombres y los importes que figuran en la lista, permitiendo que la misma tenga conocimiento de la situación actual.

Por otro lado, se introduce una modificación relevante en materia de prescripción, se reconoce el derecho de la Administración para iniciar procedimientos de comprobación e investigación, desligados del derecho a liquidar, de hechos o actos acontecidos en ejercicios pasados, incluso prescritos, con trascendencia tributaria en periodos susceptibles de ser liquidados. El plazo de prescripción del derecho a comprobar será de 10 años respecto del ejercicio que se devengó el hecho imponible.  Tal sería el caso de los créditos de impuestos derivados de deducciones de la cuota pendientes de aplicar, o el derecho de compensación de bases imponibles negativas, situaciones que se dan con frecuencia en el marco tributario  actual.

Asimismo, se establece la Interrupción de la prescripción de obligaciones tributarias conexas. Se trata de una medida con la finalidad de incrementar la eficacia de la actuación administrativa, con ella se resuelve técnicamente la problemática existente respecto del las obligaciones tributarias conexas de un mismo contribuyente.

Hasta ahora podía darse el caso de que Hacienda regularizara una obligación tributaria relacionada con otra del mismo contribuyente, habiendo prescrito dicha obligación conexa en el curso de la comprobación de la primera, de forma que no podía regularizarse la segunda, ya fuera a favor del contribuyente o en su contra, dándose en ocasiones supuestos de doble imposición y de nula tributación tras las regularizaciones llevadas a cabo por la administración. La medida anterior pretende salvar esta situación que, como decimos, en ocasiones supone doble imposición para el contribuyente y en otras, desimposición.

También son objeto de modificación los plazos en el procedimiento inspector, resultando en un aumento de los mismos al pasar de 12 a 18 meses con carácter general y siendo de 27 meses para los casos de especial complejidad. Con esta modificación se pretende simplificar los procedimientos y reducir la litigiosidad que se da actualmente por los posibles defectos en los que se incurre por parte de la administración en el cómputo del plazo y la imputación de dilaciones al contribuyente dando lugar, en ocasiones, a  una anulación de un procedimiento de inspección y quedando impunes algunas conductas fraudulentas, por errores administrativos. 

Atendiendo a la creciente complejidad existente en el ámbito tributario, y con la clara intención de reducir la conflictividad actual en lo que se refiere a la interpretación de la norma, se amplía la facultad de los órganos de la Administración Tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante

En cuanto a la potestad sancionadora, se refuerza permitiendo la sancionabilidad del conflicto en la aplicación de la norma. Se dota así al ordenamiento jurídico-fiscal de una nueva norma sancionadora anti abuso, que hasta ahora podía conducir a la regularización tributaria, pero nunca finalizaba en un proceso sancionador. Con ello se pretende desincentivar la planificación tributaria agresiva por parte de profesionales mediante el abuso de las disposiciones normativas que persiguen ahorros fiscales por parte de los contribuyentes  obtenidos mediante actos ya calificados por la Administración tributaria como abusivos y en los que se produzca reiteración.

En otro ámbito, como novedad y con aplicación en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2017, los contribuyentes cuyo periodo de liquidación de IVA coincida con el mes natural, se verán obligados a la llevanza telemática e instantánea de los Libros Registros de IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

El Proyecto del Suministro Inmediato de Información de la Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales. Después de cada facturación, los contribuyentes enviarán a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, donde los libros-registro se irán formando con cada uno de los envíos del detalle de las operaciones realizadas, la llevanza electrónica de los libros.

Con la información recibida y la correspondiente a la base de datos, la Agencia Tributaria podrá elaborar los datos fiscales del contribuyente, a efectos del IVA, facilitando la declaración del impuesto al contribuyente, incrementando su seguridad jurídica y permitiendo eximirle del cumplimiento de obligaciones informativas anuales. No obstante esta situación obligará al contribuyente a mantener sus datos contables y fiscales rigurosamente al día debiendo obtenerlos sin errores en un plazo de tiempo sensiblemente más corto del que dispone en la actualidad.

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