Advocats i Economistes

10·07·2015

Reforma del Catastro

Grupo Gispert - Eva Mercadé i Soler

Es conocido por todos la tradicional divergencia de información sobre los bienes inmuebles que nos ofrece el Registro de la Propiedad y la que nos ofrece el Catastro.

En multitud de ocasiones nos hemos encontrado con una descoordinación entre ambas instituciones y sin mecanismos legales para subsanarla, de modo que el resultado ha sido una patente inseguridad jurídica en el tráfico inmobiliario así como una duplicidad de tareas y por tanto un aumento de los costes directos e indirectos para el ciudadano.

Con la voluntad de mejorar dicha situación nace la reciente Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Real Decreto de 8 de febrero de 1946 y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, cuya entrada en vigor ha tenido lugar parcialmente, disponiendo la entrada en vigor de los preceptos que modifican parte que trata la modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para el pasado 26 de mayo, y difiriendo la entrada en vigor al 1 de noviembre del presente año en lo relativo a la modificación de la Ley Hipotecaria (salvo un precepto concreto de ésta que también entró en vigor recientemente).

La presente modificación es global, pues aborda una reforma de las relaciones entre Registro y Catastro y de los procedimientos en los que ambas instituciones coexisten a efectos de minimizar la problemática existente comentada, y lo hace de forma transversal, reformando paralelamente ambas instituciones.

Asimismo recoge el reciente criterio jurisprudencial del Alto Tribunal en relación a la adecuada valoración catastral de los suelos urbanizables sin planeamiento urbanístico de desarrollo detallado (Plan Parcial) aprobado, los cuales en ocasiones venían siendo calificados como urbanos a efectos tributarios a la hora de determinar la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de la Plusvalía Municipal por ejemplo, integrando así la presente reforma los mecanismos para lograr un valor catastral más adecuado a la realidad del inmueble, lo que lógicamente derivará en importantes repercusiones en materia tributaria.

Así, en cuanto a la materia de relación Registro-Catastro la modificación articula varias reglas y mecanismos específicos, pudiendo destacarse por ejemplo la incorporación de la descripción gráfica georeferenciada al Registro de la Propiedad, que se incorporará al folio real de la finca constituyendo requisito para acceder a la inscripción registral. Se regula para ello el procedimiento detallado.

Establece la Ley que la base de representación básica de las fincas registrales será la cartografía catastral, salvo supuestos muy concretos en los que se admitirán bases gráficas alternativas -aunque son supuestos muy limitados-.

Y se prevé su incorporación obligatoria en las operaciones de reordenación de las fincas (parcelaciones, reparcelaciones, concentraciones parcelarias, segregaciones, divisiones, agrupaciones, expropiaciones forzosas, o de deslinde), o de inmatriculación, siendo potestativa para formalizar cualquier acto inscribible o como operación registral específica.

En el seno de dicho procedimiento el Registrador valorará si hay discrepancias entre la representación gráfica aportada objeto de incorporación al folio real de la finca y la ya inscrita, así como una posible invasión del dominio público, entendiendo por correspondencia la identidad de porción de territorio y –en su caso- un exceso de cabida máximo del 10% de la ya inscrita, y siempre y cuando sea perfectamente identificable dicha finca, así como la delimitación con los colindantes.

Determina asimismo que en toda forma de publicidad registral habrá de expresarse la referencia catastral que corresponda a la finca y si está o no coordinada gráficamente con el Catastro a una fecha determinada, presumiendo su concordancia una vez inscrita la representación gráfica de la finca al Registro, y utilizando un código único de finca registral.

Con el objetivo principal de agilizar trámites y reducir costes, se redefinen los procedimientos para la concordancia entre Registro y la realidad física y jurídica extra registral de las fincas (Inscripción de representación gráfica georeferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro; deslinde registral; rectificación en su descripción; inscripción de plantaciones, edificaciones, instalaciones y otras mejoras incorporadas a las fincas; inmatriculación de éstas; reanudación del tracto sucesivo interrumpido; subsanación de doble o múltiple  inmatriculación; o expediente de liberación registral de cargas y gravámenes extinguidos por prescripción, caducidad, o no uso).

Para ello, se prevé la acumulación de procedimientos en determinadas circunstancias y la unificación de trámites. Y en grandes líneas cabe destacar la desjudicialización de los expedientes de dominio sobre inmatriculación de fincas, que ahora se tramitarán ante Notario hábil para actuar en el distrito notarial donde radique la finca o en los colindantes. Aunque ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a los Jueces y Tribunales mediante la interposición de recurso en caso de oposición fundada por algún interesado, preservando así el derecho a la tutela judicial.

En cuanto a las modificaciones en materia de valoraciones catastrales, cabe destacar como novedad principal la incorporación del criterio establecido por el Tribunal Supremo el pasado 30 de mayo de 2014, en relación a la calificación catastral que se venía realizando sobre suelos urbanizables que no tenían aprobado plan parcial, grabando en muchas ocasiones una riqueza inexistente que repercutía en el cálculo de determinado tributos cuya base imponible se extrae de dichas valoraciones catastrales.

La novedad determina que si el suelo no tiene aprobado planeamiento urbanístico detallado –a pesar de calificarse de urbanizables- dicha circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de determinar su valor catastral, ya que no poseen el mismo valor que los urbanos.

Con ello, aprueba nuevos criterios de valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. Y se modifica el procedimiento simplificado de valoración colectiva, lo que ayudará a aplicar de forma más adecuada a la realidad “cambiante” los criterios contenidos en las Ponencias de valores catastrales, sin tener que  esperar a una modificación de éstas.

 

 

 

 

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