Advocats i Economistes

15·06·2015

Modificaciones en los despidos colectivos tras la última sentencia del TJUE

Grupo Gispert - Isaac González López

El TJUE dictó Sentencia el pasado 13 de mayo de 2015, en el Asunto C-392/13, en la que resolvía la cuestión prejudicial que planteaba el Juzgado Social nº 33 de Barcelona, en relación con el artículo 267 TFUE, mediante auto de 9 de julio de 2013, en el procedimiento entre D. Andrés Rabal Cañas y Nexea Gestión Documental, S.A. y FOGASA, en el que el Juez español pregunta si la Directiva 98/59/CE se opone a la normativa nacional que define el concepto de despido colectivo utilizando como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo. 

La cuestión se plantea porque el despido colectivo se regula en una Directiva europea de 1998 (Directiva 98/59/CE), en la que este concepto se define mediante el criterio del número de trabajadores afectados en un período de tiempo determinado sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados. La ley española emplea este mismo criterio, pero deja claro que el cómputo del número de trabajadores afectados es el de la empresa (y no en el centro de trabajo). En cambio, la Directiva utiliza el concepto de centro de trabajo (y no el de empresa) como unidad de cómputo.

Lógicamente, tomar el centro de trabajo o la empresa como unidad de cómputo puede llevar a resultados completamente dispares. Así, conforme al derecho español, por ejemplo una empresa de 1.000 trabajadores y diez centros de trabajo en España, que despide a dos trabajadores en cada uno de ellos, incurre en un despido colectivo, por lo que debe seguir el procedimiento del ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Este mismo caso en otros países de la UE no sería constitutivo de despido colectivo, ya que el cómputo se hace centro por centro, no por la totalidad de la empresa.

En el caso español de la cuestión prejudicial, lo ocurrido es que se produce un número muy alto de despidos en un solo centro de trabajo, aunque tomando la empresa como unidad de cómputo ese número no supera los umbrales mínimos de la ley española para una empresa de su tamaño. La controversia se centra, entonces, en determinar si esta ley se ajusta al derecho europeo: de realizarse el cómputo por centro de trabajo, el despido sería colectivo, con lo que los despidos individuales realizados por la empresa merecerían la calificación de nulidad.

El fallo del TJUE es inequívoco: la normativa española vulnera la legislación europea, al contemplar como única unidad de cómputo la empresa. La sentencia es importante, puesto que la transposición española de la Directiva establece la empresa como única unidad de cómputo, lo que ahora se declara contrario al Derecho europeo. 

Mientras tanto, ¿qué ocurrirá con los ERE ya iniciados? ¿Qué decisiones tomaran los tribunales españoles? ¿Declararan nulos los despidos objetivos realizados sin superar los umbrales del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (número de despidos producidos en función del número de trabajadores total de la empresa) pero que hayan superado los umbrales del artículo 1.1 de la Directiva 1998/59 (número de despidos producidos de al menos igual a 20 trabajadores en los centros de trabajo afectados)?

Para poder resolver todas las cuestiones anteriores, debe ser el Gobierno quién reaccione y de una nueva redacción al artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, clarificando, el tema y evitando la inseguridad jurídica actual, en la que los tribunales sociales pueden declarar nulos los despidos colectivos, aún cumpliendo con todos los requisitos actuales de la norma de aplicación.

Por último con esta doctrina el concepto de centro de trabajo, que ya de por sí es controvertido (como se pudo comprobar en la Newsletter de mayo 2015), incrementa su importancia, ya que esta sentencia del TJUE proporciona soluciones interpretativas en el concepto de centro de trabajo ya que no tiene porqué estar dotado de autonomía jurídica alguna ni de autonomía económica, financiera, administrativa o tecnológica, pero sí a su situación geográfica.

Definitivamente, todo lo anterior plantea una cuestión de gran transcendencia práctica que se hacen todas las empresas en el momento de realizar una reestructuración: ¿cuándo estamos ante un despido colectivo? 

Por ello, es importante conocer qué unidad de cómputo hay que considerar para determinar si se supera el número mínimo de despidos para considerar que estamos ante un despido colectivo. Siendo fundamental resolver bien esta cuestión ya que es básico, pues está en juego una posible nulidad de los despidos, con los costes que conlleva un error de éste tipo en un ERE.

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