Advocats i Economistes

15·06·2015

El Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Grupo Gispert - Cristina Puertas i Llobet

El 27 de Febrero de 2015, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pretende una renovación en profundidad de una Administración de Justicia caracterizada históricamente por su lentitud, complejidad y por su carácter arcaico. 

Las principales novedades de la referida reforma se organizan en tres grandes bloques: en primer lugar las que pretenden una mayor sofisticación y eficacia de los actos procesales de comunicación, dotando de mayor protagonismo a los Procuradores de los Tribunales; en segundo lugar y en línea con la anterior, la digitalización de la Administración de Justícia y la introducción de los medios electrónicos para la localización del demandado; y por último, novedades que afectan directamente a la tramitación de los procedimientos de juicio verbal, ordinario y monitorio, así como al régimen de prescripciones en el Código Civil.

En definitiva, pretende  mejorar la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia y la relación de ésta con los distintos operadores jurídicos a  la vez que consolidar el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

Actos procesales de comunicación.

La reforma pretende reforzar el papel del Procurador confiriéndole la facultad  de realizar actos de comunicación con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, siempre y cuando así se solicite en el escrito que de inicio al procedimiento judicial.

Se incluyen los actos de comunicación al resto de partes, así como a testigos, peritos y otros que, sin ser parte en el proceso, deban participar en él.

La capacidad de certificación que se les atribuye revertirá, con toda seguridad, en la reducción de la carga de trabajo del personal de Justicia y la consecuente agilización de los trámites procesales, tan demandada por los ciudadanos como por los profesionales del Derecho. 

 

Hacia una Administración de Justicia digital.

La reforma proponen una serie de medidas orientadas a alcanzar una Administración de Justicia digital, que obligan, a su vez, a la reforma de la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. 

El aspecto más novedoso y que muestra la voluntad de acercarse a las nuevas tecnologías es  la posibilidad de indicar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono o fax del demandado a efectos de facilitar su localización. Sin embargo, esta medida no viene a sustituir el necesario emplazamiento o citación en el domicilio del aquél; de hecho, la reforma define los referidos medios como aquellos que “puedan ser de utilidad”.

A su vez, se establece que determinados actos podrán practicarse a través de medios electrónicos con carácter obligatorio, y se fija el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos. Debemos confiar, por tanto, que, para entonces, la Administración de Justicia haya recabado los medios necesarios para poder llevar a la práctica las reformas planteadas.

 

Mejora de la regulación del juicio verbal.

Otro aspecto que se regula en el Anteproyecto es el referente a la estructura del Juicio Verbal.

Hasta el momento, el Juicio Verbal se compone de dos fases: la interposición de la demanda y la contestación adversa de forma oral y en el propio acto de la vista. Ello implica el desconocimiento de la actora de los argumentos y excepciones que pueden plantearse de contrario. Lo que pretende el Anteproyecto es introducir la contestación por escrito, con lo que la actora asistirá a la vista conociendo los motivos de oposición formulados por la adversa, permitiendo una mejor defensa de sus intereses. 

Otra de las novedades es que las partes podrán solicitar en sus escritos demanda y contestación la celebración de la vista y, si no lo hicieren y el Tribunal no la considerase necesaria, el pleito se resolverá sin celebrarse la misma.

Asimismo, se establece la posibilidad para el Juez de conceder un trámite de conclusiones, que si bien se venía otorgando en algunos juzgados, no estaba previsto en la ley procedimental.

 

La Audiencia Previa.

En cuanto a los procedimientos ordinarios, la única modificación prevista afecta a la Audiencia Previa, regulándose la obligación de las partes de aportar en el propio acto la minuta de prueba por escrito, sin perjuicio de exponerla verbalmente e incluso de completarla durante la audiencia.

En caso de no aportarse quedará condicionada la admisión de la prueba a que se aporte dicha minuta en un plazo de dos días.

Esta modificación responde a la exigencia de numerosos juzgados que ya vienen exigiendo dicha constancia escrita, sin que ello tenga en la actualidad base legal alguna.

 

Procedimiento Monitorio y cláusulas abusivas.

Por otro lado, debemos destacar que el Anteproyecto, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluye en el procedimiento monitorio, la posibilidad de que el Juez controle la posible existencia de cláusulas abusivas en los contratos que constituyan el objeto del procedimiento, siempre que una de las partes tenga la condición de ser consumidor o usuario. 

Esta “novedad”, no obstante, no es más que la constatación de una realidad que se venía produciendo desde hace tiempo en nuestros Tribunales; y es que aunque nuestro derecho nacional no previese dicha posibilidad, amparándose en la Jurisprudencia y Doctrina comunitarias, los Jueces ya venían obligados a valorar de oficio la existencia de cláusulas que pudieran ser consideradas abusivas. La resolución que decida sobre dicha abusividad tendrá efectos de cosa juzgada. 

 

Plazo de prescripción de las acciones personales.

el Anteproyecto de Ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevé también la modificación de la prescripción regulada en los arts. 1964 y 1973 del Código Civil. 

En esta materia, se pretende acortar el plazo de las acciones personales que no dispongan de plazo, de 15 años a 5. Por otro lado, se establece que el plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial, el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento.

Debemos recordar, no obstante, que ello no afecta a los plazos de prescripción establecidos en el Codi Civil de Catalunya, que seguirán vigentes.

 

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