Advocats i Economistes

17·05·2015

Un plazo poco razonable para las deudas hipotecarias.

Diario de Tarragona - Pepe Giménez Alcover

El 13 de mayo, Maciej Szpunar, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) planteó anta la institución sus conclusiones en un asunto sobre la petición de decisión prejudicial planteada por un Juzgado de Martorell. El juez español preguntaba si el plazo establecido en la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios del año 2013 es contrario al derecho de la Unión.

Las conclusiones de Szpunar pudieran significar una nulidad de actuaciones de lo tramitado en España en los dos últimos años en los procedimientos afectados y, muy especialmente, de los lanzamientos que hayan podido realizarse desde entonces hasta ahora en esos procesos. 

Casi nada, con este nuevo “tirón de orejas” al legislador español se acrecentará el colapso judicial en el nos vemos inmersos. Analicemos el fondo de la cuestión para comprender las implicaciones de estas conclusiones. 

La citada Ley de Medidas establecía que, en los procedimientos ejecutivos en curso las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición y que el plazo de un mes “se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta Ley” 

El derecho procesal pertenece al ordenamiento interno de cada Estado salvo que la regulación dificulte en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores por el derecho de la Unión. Por ello, el Abogado General analiza los dos rasgos esenciales del plazo establecido: por un lado, su duración, de un mes; por otro, su punto de partida, que se fija en el día siguiente al de la publicación de la Ley en el BOE. 

No hay problema en considerar que un plazo procesal de un mes es suficiente para plantear oposición a una ejecución pero cosa distinta es el momento en que empieza a correr ese plazo.

El legislador español ha equiparado la publicación de la Ley en el BOE a una notificación procesal y eso es poco razonable ya que no ha sido posible encontrar en el derecho español plazos procesales que, como el analizado, comiencen a correr a partir de la fecha de publicación en el BOE, siendo lo normal que los plazos corran desde que se reciben las notificaciones concretas. Es decir, no se cumple el principio legal de equivalencia.

Tampoco se cumple el principio de efectividad ya que, para el Abogado General, la consecuencia de esa anómala forma de empezar a correr un plazo procesal ha dificultado el ejercicio de los derechos, algo inadmisible  en el ámbito de protección de los consumidores y en una materia tan importante que puede suponer la pérdida de sus bienes inmuebles.

Además dicho plazo afectaba a numerosas personas ya que, según informes del Consejo General del Poder judicial, solo en el año 2.013 se iniciaron 82.680 ejecuciones hipotecarias en España.

Por ello el Sr. Szpunar se pregunta si puede considerarse que el plazo controvertido en el litigio principal sea razonable Su respuesta es clara: “Lo dudo”. 

El Abogado General estima esencial que se informe personalmente a los consumidores del plazo de que disponen para procurarse asesoramiento y ejercitar las acciones en defensa de sus derechos. También considera que debe subsanarse la falta de notificación a las partes por el mismo procedimiento que se utiliza en Derecho Nacional para notificar cualquier plazo procesal.

Ahora solo falta que el TJUE dicte Sentencia en igual sentido y, nuevamente, el legislador español quedará retratado y se verá obligado a legislar un nuevo parche en el procedimiento de ejecución, de forma que los juzgados se verán obligados, a su vez, a desenterrar a todos los procesos de ejecución que estaban en curso el 14 de mayo de 2.013 y comprobar si deben o no dictar una notificación a los ejecutados informándoles del nuevo plazo para formular oposición.

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