Advocats i Economistes

07·04·2015

Modificación del Codi de Consum

Grupo Gispert - Pepe Giménez Alcover

El pasado mes de enero fue publicada en el BOE la Ley 20/2014, de modificación del Código de Consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de abril de 2.015.

La importancia de esta modificación radica en una serie de medidas para mejorar la situación de los consumidores en el ámbito de los créditos o préstamos hipotecarios, e incrementa sus garantías regulando el contenido de la publicidad, la información precontractual, el deber de análisis de solvencia y el deber de hacer comprensibles a la parte las implicaciones económicas y jurídicas de la transacción concreta y, especialmente, las consecuencias en caso de impago

Con esta modificación, al margen de reforzarse los mecanismos de resolución extrajudicial, quiere garantizarse la protección de los deudores hipotecarios a lo largo del iter contractual y se orienta la actuación notarial como garante de la legalidad de la operación y del derecho a la información del consumidor para ayudarle a hacer una elección racional y responsable, posibilitando que el deudor pueda comparar siempre el crédito o préstamo hipotecario que se le ofrece con productos parecidos del mismo oferente o de un tercero.

A su vez, en esta modificación se establecen varias medidas de protección de las personas que se hallan en situación de pobreza energética, considerando que es preciso que estas personas no sufran cortes de suministro durante determinados períodos críticos, y se crea un fondo de atención solidaria en materia de suministros básicos que debe nutrirse con las aportaciones que hagan las administraciones públicas competentes en esta materia y las empresas suministradoras.

Sobre la importancia de esta modificación baste señalar, como ejemplos, que se extienden los derechos y las obligaciones del código de Consumo de Catalunya, a los trabajadores autónomos y a los entes que tengan la consideración de microempresas, -aquellas que ocupan a menos de 10 personas y su volumen de negocio no supera los 2 millones de Euros-, y que, ahora, los notarios deberán comprobar que en las escrituras relativas a créditos o préstamos hipotecarios sobre la vivienda no se incluyan cláusulas que hayan sido declaradas judicialmente nulas por abusivas, estableciendo, además, que en cualquier caso se consideran abusivas las cláusulas: a) que incluyan un tipo de interés de demora superior a tres veces el interés legal del dinero, b) las que fijen un límite  a la variación a la baja del tipo de interés contratado (clausula suelo) sin que se haya fijado un límite a la subida (clausula techo), o c) las que la diferencia entre el límite fijado en el contrato para la subida y la bajada de los tipos de interés sea superior a 5 puntos, es decir, todas las existentes en el mercado en la actualidad.

Finalmente cabe resaltar que el Artículo 8 de la ley 20/2014 establece la adición de un artículo, el 132-4, a la Ley 22/2010 y por el que se añade un artículo, el 132-4, a la Ley 22/2010, con el siguiente texto:

«Artículo 132-4. Créditos o préstamos hipotecarios 1. Las administraciones públicas catalanas y, especialmente, los servicios públicos de consumo deben garantizar que, en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial de conflictos previo a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial.

2. El procedimiento de mediación debe tener por objeto buscar acuerdos entre las partes que hagan viable que la persona consumidora conserve la propiedad de la vivienda o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute. En el marco de este procedimiento, las partes o el órgano de resolución extrajudicial de conflictos pueden solicitar un informe de evaluación social con un análisis socioeconómico del deudor y las posibles vías de resolución del conflicto en los términos del artículo 133-6.

3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediación o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificación del acuerdo de inicio de la mediación sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamación administrativa o a la demanda judicial.»

Llama la atención la remisión en este nuevo artículo 132-4 de la Ley 22/2010 a unas pretendidas vías de resolución del conflicto en los términos del artículo 133-6, cuando el Código de Consumo de Catalunya carece de dicho artículo, lo que da una idea de la técnica legislativa que se viene utilizando en nuestro país.

Por lo tanto, en principio, a partir del próximo día 1 de abril de 2.015 y solo en Catalunya, por un lado, se deberían considerar abusivas todas las clausulas suelo que hay actualmente en el mercado y, por otro lado, y para los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, existiría un nuevo requisito procesal previo a la interposición de la demanda de ejecución hipotecaria y debería acreditarse el inicio de un procedimiento de mediación o arbitraje en un plazo no inferior a tres meses.

No obstante, tenemos conocimiento de que el gobierno español se ha planteado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20/2014, de modificación del Código de Consumo de Cataluña objeto de la presente reseña y ha acordado ya formalmente la apertura de la fase previa establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. -debemos recordar que la mera interposición de un Recurso de Constitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central frente a cualquier disposición autonómica tiene el efecto inmediato de suspensión de la norma hasta la resolución del recurso- por lo que, en los días que van desde la redacción de la presente nota y la posible entrada en vigor de la Ley, habrá que estar muy pendientes del Boletín Oficial del Estado por si finalmente llega a publicarse la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad.

Se puede encontrar la indicada ley aquí

 

 

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