Advocats i Economistes

18·03·2015

Novedades de la Ley de Sociedades de Capital

Grupo Gispert - Bosco de Gispert Segura

El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital cuya finalidad, de acuerdo con la exposición de motivos, es la mejora del Gobierno Corporativo. Se introducen ciertas modificaciones relevantes, que pasamos a analizar:

 

Autorización de la Junta para la venta de activos esenciales:

Añade la reforma una nueva competencia a la Junta General, que es la de autorizar la adquisición o venta de “activos esenciales” de la compañía, operaciones que, por tanto, no podrá realizar el órgano de administración por sí mismo. No se define qué es un activo esencial y la única mención que se hace es que se considerarán esenciales aquellos activos cuya valoración suponga un 25% del valor de los activos del balance.

 

Derecho de información y nulidad de acuerdos sociales:

Igualmente matiza el derecho de información del socio y, en nuestra opinión, pretende evitar la judicialización de los conflictos con socios minoritarios, limitando la declaración de nulidad de los acuerdos sociales a aquellas vulneraciones más graves e intentando evitar situaciones abusivas y preservar los acuerdos de la sociedad, convirtiéndose la nulidad del acuerdo en la última solución y sólo para las vulneraciones de derechos de los socios realmente graves y que afecten a cuestiones esenciales en relación a los acuerdos adoptados. Esta tendencia ya aparecía en la más reciente jurisprudencia y se ha consolidado con este cambio normativo.

La modificación de la norma establece que las vulneraciones del derecho de información solo facultarán al accionista a exigir el cumplimiento de la obligación de información y los posibles daños y perjuicios, pero no será causa de nulidad de los acuerdos de la Junta. Esta cuestión es de gran relevancia, pues hasta ahora la vulneración del derecho de información daba lugar a la nulidad de los acuerdos. Esta protección del socio minoritario se usaba, en algunas ocasiones, de forma ciertamente abusiva con peticiones de información cuya única finalidad era provocar una supuesta vulneración de derechos con el fin de conseguir la nulidad del acuerdo.

La Ley le ha dado la vuelta a esta situación y, con la legítima finalidad de evitar que los conflictos societarios deriven en reclamaciones judiciales por cuestiones menores, puede llegar a suceder que este cambio dé lugar a una denegación sistemática del derecho de información, pues el efecto más pernicioso de tal actuación ha quedado seriamente limitado.

Tampoco se considera relevante a efectos de nulidad de acuerdos, las cuestiones meramente procedimentales, errores en el cálculo de votos que no alteren las mayorías o la falta de información o de una información correcta y veraz cuando no haya sido “esencial para el ejercicio razonable del derecho de voto”, cuestión que no define y que quedará al criterio de los Juzgados y Tribunales.  Recientemente, los Jueces Mercantiles de Barcelona han adoptado una serie de acuerdos para fijar cómo se determinará la esencialidad o no de la vulneración alegada. A tenor de tales acuerdos (leer acuerdos), la parte demandada deberá en su escrito de contestación alegar la no esencialidad de la vulneración, lo que abrirá un incidente de previo pronunciamiento en el que se decidirá tal cuestión antes de continuar con el procedimiento, siendo, por tanto, básico para la sociedad demandada alegar dicha cuestión en la contestación a la demanda.

Ciertamente descenderá la litigiosidad por cuestiones societarias, aunque quizás a costa de ciertos derechos del socio minoritario cuya situación, en casos de conflicto, ha empeorado claramente.

 

Deber de lealtad de los administradores y conflicto de intereses:

Se refuerza el deber de lealtad del administrador, reforzándose el control de las situaciones de posible conflicto de interés y los mecanismos para evitarlas.

El régimen relativo a la responsabilidad derivada del deber de lealtad y de las situaciones de conflicto es imperativo y no admite dispensas estatutarias. Como excepción la Junta podrá autorizar ciertas actuaciones del órgano de administración que puedan suponer un conflicto de intereses con la sociedad.

 

Responsabilidad de los Administradores:

En cuanto al régimen de responsabilidad se introduce una novedad muy importante y que afecta a los órganos de administración de muchas compañías. Tal novedad no es otra que la consideración como responsable solidario de la persona física designada representante de la persona jurídica administradora. Es decir, en aquellas sociedades en las que el administrador o consejero sea una persona jurídica y ésta, como manda la Ley, haya designado a una persona física representante, la responsabilidad, en caso de que se den los requisitos legales para ello, recaerá en ambas de forma solidaria.

Cada vez es más habitual en el tráfico jurídico que personas jurídicas sean designadas administradoras de compañías y que éstas, a su vez, designen a profesionales para su representación en el órgano de administración. Hasta la fecha la norma general era que la responsabilidad por la gestión recaía únicamente en la persona jurídica administradora, cuestión que ha cambiado y se extiende tal responsabilidad a la persona física designada.

Además se extiende la responsabilidad a los administradores de hecho e incluso a los altos directivos y gerentes en caso de que no exista consejero delegado o administrador único.

Se introduce una última cuestión, muy presente en la jurisprudencia, que no es otra que el “derecho y el deber” del administrador de estar informado de todas las cuestiones societarias. El administrador, y así lo venía recogiendo la jurisprudencia, no puede excusar su actuación en la presunta ignorancia de las cuestiones sociales o en su posible delegación a gerentes o directores generales. La actuación de éstos, sin perjuicio de su posible responsabilidad individual frente a la sociedad o incluso frente a terceros, en ningún caso va a eximir al administrador de su responsabilidad.

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