Abogados y Economistas

02·09·2018

Testigos (mal) protegidos

Artículo publicado por Montse Martínez en el Diari de Tarragona - Montse Martínez Bastida

Si le gustan las series de acción le recomiendo la española Fariña, que relata con mucho realismo la historia del nacimiento y expansión de los clanes gallegos de la droga en los años ochenta. La serie rememora cómo en la lucha contra los narcotraficantes el juez Garzón fue un pionero en utilizar la figura de los “arrepentidos”: delincuentes que colaboran con la justica a cambio de cierta lenidad penal y, sobre todo, a cambio de que se les asegure una protección de por vida.

Estamos muy habituados a ver testigos protegidos en las películas y series norteamericanas; y la verdad es que allí los programas de protección de testigos funcionan como es debido. A quienes colaboran con la justicia y ayudan a desmantelar organizaciones criminales, se les proporciona nueva identidad de por vida así como los recursos materiales necesarios para ellos y sus familiares.

Aquí la cosa es muy diferente. Es bien conocida la suerte de Manuel Fernández Padín y de Ricardo Portabales, los famosos arrepentidos cuyo testimonio fue clave para descabezar a los principales clanes de narcos que aparecen en Fariña. Estos arrepentidos se han quejado  amargamente de su situación: “sobrevivo con una pensión de 420 euros; los narcos ya están en la calle, pero Portabales y yo seguimos en el exilio amenazados”; declaró Fernández Palín a un diario de Madrid.

Es cierto que a raíz de la actuación de Garzón, en 1994 se publicó una ley orgánica de protección de testigos, pero la norma no desarrolló su reglamento y tampoco ha sido revisada desde su publicación. Por ello, los expertos en derecho penal consideran que es una ley claramente obsoleta y que no es válida para proporcionar garantías suficientes a los miembros de grupos criminales que decidan abandonar su actividad y colaborar con la justicia.

Y no sólo hay eficientes programas de protección de testigos en Estados Unidos; en países más cercanos como el Reino Unido, el Servicio de Protección de Testigos dice que tiene a varios miles de personas acogidas bajo su protección. Y, en Italia, las leyes antimafia de los 90 (que incluían la protección de testigos y la incautación de los bienes de los delincuentes) supusieron un cambio de tendencia en las tasas de criminalidad. Actualmente, el índice de homicidios en Sicilia es diez veces más bajo que a principios de los 90.

En España, la degradación de esta situación legal ha llegado hasta el Defensor del Pueblo, quien en su informe anual de 2017 recomendó la necesidad de la reforma de la ley para adecuarla a los nuevos tiempos. La buena noticia es que el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha reunido este verano con el Defensor del Pueblo y ha coincidido con él en la voluntad de llevar a cabo la reforma de la ley. La declaración no debería quedarse en meras palabras; la seguridad colectiva necesita un programa eficaz de protección de testigos.

 

Montse Martínez

Profesora de la Universitat Rovira i Virgili

Abogada Grupo Gispert Abogados y Economistas