Abogados y Economistas

30·07·2017

El accionista en su laberinto

Diari de Tarragona - Montse Martínez Bastida

Hace poco más de un mes que saltó la noticia: en Bruselas, la Junta Única de Resolución declaró que el Banco Popular era inviable; la ejecución de esa decisión se realizó por un organismo oficial español, el FROB. La decisión que tomó el FROB es bien conocida: determinó la adjudicación al Banco de Santander por un euro y la pérdida total del valor de la inversión para los accionistas, bonistas y preferentistas. 

Se calcula que el asunto ha afectado a más de 300.000 accionistas (y poseedores de otros instrumentos de capital), que de la noche a la mañana vieron esfumarse toda su inversión. 
Para paliar tal situación el jueves pasado el Banco Santander lanzó una acción comercial para accionistas minoritarios que acudieron a la ampliación de capital de junio de 2016 consistente en la conversión del capital invertido en dicha ampliación por bonos remunerados al 1%. Eso sí, lo clientes que acepten deberán renunciar a emprender acciones legales. Acciones que según las noticias que han empezado a proliferar pueden dar la sensación de que se trata de un complejo laberinto jurídico, de soluciones aparentemente contradictorias.
Sin embargo, la cosa no es tan enrevesada; lo que sucede es que al consumidor aquí se le abren diferentes caminos para reclamar. La cuestión es determinar cuál es el más adecuado en cada situación.

En primer lugar, la decisión de Bruselas de ordenar al FROB que actúe es un acto de un órgano administrativo que ha tenido un evidente impacto negativo para los afectados. Como todo acto administrativo, el accionista puede discutir si la decisión ha sido ajustada a derecho o no, lo que comportaría la nulidad de la decisión. 

En segundo lugar, el accionista puede recurrir contra la decisión del FROB, que determinó que el valor del capital del accionista pasara a ser de cero euros. Pero esta decisión también es  revisable por los tribunales de justicia, incluso el valor del Banco. Aquí los perjudicados pueden recurrir -ante la Audiencia Nacional-, ya que la decisión del FROB también es un acto administrativo y como tal puede ser impugnado; de la misma manera que (por ejemplo) podría impugnarse una expropiación de una propiedad por parte de un ayuntamiento.

Y en tercer lugar, los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de junio de 2016 que no acepten la conversión del capital invertido en bonos remunerados al 1%, podrían recurrir ante la jurisdicción ordinaria. Ya se está valorando si la información contenida en el folleto de la citada ampliación cumplía todas las obligaciones de información y transparencia que la ley exige para poder prestar un consentimiento válido. Lo contrario comportaría la nulidad del contrato de compra de las acciones y podría generar un derecho a favor de los accionistas a ser indemnizados por los daños y perjuicios. Como en otros procesos (cláusulas suelo, preferentes, etc) en cada caso dependerá de las circunstancias personales que hayan concurrido en la adquisición.

Sin duda, el asunto traerá cola durante mucho tiempo; y las resoluciones que dicten los jueces, en Bruselas, en la Audiencia Nacional, o en los juzgados de primera instancia, marcarán un hito sobre los procedimientos de adjudicación exprés de los bancos europeos en dificultades.
 

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